LLAMAN A POBLADORES A SUMARSE A DEMANDA COLECTIVA CONTRA GRUPO MÉXICO
- Roberto Quintero M.
- 5 ago 2024
- 2 Min. de lectura
Hermosillo, Sonora.-
Aunque han transcurrido 10 años desde el derrame de tóxicos en la región del Río Sonora, la lucha social y legal persiste para los más de 20,000 afectados por este desastre ambiental.
Desde 2014, los habitantes han llevado a cabo diversas acciones para obtener una remediación justa, que incluyen protestas, demandas internacionales y colectivas. Incluso, asociaciones civiles continúan sumando a más pobladores para fortalecer sus esfuerzos.
El derrame involucró 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado desde la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en Cananea, Sonora. Los metales pesados se dispersaron por las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando especialmente a los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, lo que causó problemas de salud, ambientales y económicos.
A una década del incidente, la empresa minera sostiene que la remediación fue exitosa y cumplió con la normativa. Sin embargo, en 2023, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que los metales pesados siguen presentes en el Río Sonora.
Por esta razón, la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas continúa en diversos frentes, especialmente en el ámbito legal, donde se mantienen activos los procesos jurídicos.
Un ejemplo es la asociación civil Acciones Colectivas Sinaloa (ACS), que en colaboración con Justicia Justa A.C., ha presentado demandas colectivas contra Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre desde 2014.
Invitan a Participar en Acciones Colectivas
Kelsey Vanessa Guardado Gutiérrez, miembro del equipo jurídico de ACS, explicó que han interpuesto dos acciones colectivas: una de carácter difuso y otra en sentido estricto.
La acción colectiva difusa busca la reparación del daño ambiental causado por el derrame. Se espera que esta demanda tenga una sentencia en 2024, después de una década de litigio ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.
La acción colectiva en sentido estricto, iniciada en 2015, está dirigida a las empresas mineras mencionadas y tiene como objetivo la remediación de daños individuales.
Guardado Gutiérrez precisó que esta demanda busca que se ordene la reparación del daño a nivel individual, permitiendo a los afectados reclamar daños personales. En este caso, ACS representa a 86 personas directamente afectadas, y otras 171 se han unido al proceso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México. Esta demanda está actualmente en la fase de desahogo de pruebas, y se espera que pueda obtener resultados favorables en los próximos años.
Para fortalecer estas acciones colectivas, ACS invita a los habitantes de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús a sumarse al proceso. Aún tienen la oportunidad de solicitar su inclusión en el proceso de remediación.
En caso de obtener una sentencia favorable en el juicio de acción colectiva en sentido estricto, las reclamaciones se deberán realizar de forma individual y se otorgarán compensaciones económicas.
ACS destacó que en ambos juicios ha habido participación de instancias gubernamentales tanto estatales como federales, incluyendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).
