GERARDO VARGAS PIDE LICENCIA EN MEDIO DE JUICIO PARA RETIRARLE EL FUERO
- Roberto Quintero M.
- 2 may
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Ahome, Sinaloa.-
En un giro inesperado en la política sinaloense, el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, solicitó una licencia temporal de 90 días para separarse del cargo, en medio de un proceso de juicio de procedencia que busca retirarle el fuero constitucional.
La solicitud fue aprobada en sesión extraordinaria por el Cabildo municipal, y se nombró como alcaldesa provisional a la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdez, del Partido Verde Ecologista de México.
En un mensaje a través de redes sociales, Vargas Landeros afirmó que su decisión responde a la necesidad de atender de lleno los procedimientos legales que enfrenta, sin interferir en el funcionamiento del gobierno local.
“Lo hago para estar en posibilidades de atender asuntos de carácter administrativo y procesos de investigación penal. No me voy a esconder”, expresó el edil con licencia.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa pidió al Congreso del Estado iniciar el proceso de desafuero contra el alcalde por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, por un valor de 171 millones de pesos, firmado en 2021 durante su primer mandato.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, el contrato fue otorgado sin realizar una licitación pública, violando la normatividad vigente. El gobierno municipal justificó la medida por tratarse de una “situación de emergencia”.
Aunque ya no ejerce funciones administrativas, Vargas Landeros mantiene su fuero, mientras la Comisión Instructora del Congreso analiza en sesión privada si procede o no retirárselo. Se prevé que la fiscal estatal, Zulema Sánchez Kondo, presente el caso ante el Pleno del Congreso, donde el alcalde también podría comparecer para defenderse públicamente.
"Las acusaciones en mi contra no tienen fundamento. Estoy tranquilo y confiado en que saldré adelante", aseguró Vargas.
Este caso promete convertirse en uno de los capítulos más polémicos en la política municipal de Sinaloa, y podría marcar un precedente sobre el manejo de los recursos públicos en situaciones supuestamente emergentes.